De la "industria del juicio" a la responsabilidad patronal: en San Luis los litigios laborales subieron 41% en un año

En julio se cumplirán 28 años de la sanción de la Ley N° 24.557, que reglamentó el Sistema de Riesgos del Trabajo. Con avances en materia de prevención de accidentes y con una cobertura que alcanza a más de 10 millones de personas, los juicios laborales nuevamente se encuentran en la agenda.

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), que se encarga del cumplimiento de la norma, publicó un nuevo informe con la cantidad de procesos judiciales que se llevaron adelante en los años recientes en el país y las provincias.

Una de las conclusiones que surge al analizar el estudio es la marcada suba de casos iniciados en San Luis en empresas sumado a las casas particulares.

El último indicador refleja que en el acumulado hasta el tercer trimestre del 2023 se registraron 1939 procesos judiciales, un 40,7% más que en el mismo periodo del 2022 (1378).

Pero incluso el número supera el total anual del 2022 cuando se informaron 1819. Es decir, sin completar todavía el año (resta conocer el último trimestre), superó el periodo precedente.

Antes de profundizar hay que mencionar que la SRT concretamente contabiliza los siniestros y los juicios notificados a las ARTs, es decir, que sólo toma en cuenta a los trabajadores formales. Es por ello que se omite del análisis a los informales y aquellas acciones que no son informadas.

Dicho esto ¿cuáles son los rubros más afectados? Si bien la administración pública y defensa y seguridad social siempre estuvo entre las principales actividades generadoras de juicios, el dato que resalta en esta oportunidad es que ahora se ubica como la primera con 687, superando a la industria manufacturera (569).

Otras como el comercio y reparación de vehículos alcanzaron los 162, la construcción 100, el servicio de transporte y almacenamiento 87 y agricultura y ganadería los 69.

Por otra parte, el estudio subraya que, de los 1939 litigios, 1235 pertenecen a la gestión privada, mientras que el resto a la pública y sociedades del Estado.

A la hora de discriminar los motivos de los juicios hay que mencionar que 1094 son por un accidente de trabajo, 457 por enfermedad profesional, 387 por accidentes in itinere y uno por enfermedades por fuera del listado.

Cuando la lupa de atención se aleja un poco más y acapara otros años se observa también el comportamiento del fenómeno y el gran incremento en la provincia.

Contabilizando solo los nueve primeros meses:

|2015: 435

|2016: 470

|2017: 528

|2018: 778

|2019: 1032

|2020: 804 (año de pandemia)

|2021: 1409

En otras palabras: desde 2015 hasta 2023 los litigios subieron un 345,7%.

Todos estos casos ubican a San Luis dentro de las jurisdicciones con mayor cantidad de juicios. La Provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 36.390, le sigue la Ciudad de Buenos Aires con 18.762 y completa el podio Santa Fe con 9568.

Mientras que en 2023 en San Luis fueron 1939, distritos con mayor cantidad de habitantes registraron menos juicios tal como Entre Ríos (1187), Tucumán (451) o Corrientes (299).

Hasta acá, los números fríos que reflejan la escalada en la provincia en el último tiempo.

El Chorrillero consultó a actores de distintos sectores.

 “Creo que muchas leyes, quizás, son obsoletas”

La secretaria gremial del Sindicato de Empleados Públicos de San Luis (SIEP), Mónica Sánchez Moreno, indicó que el aumento se debe a la falta de cumplimiento de las normas por parte de los empleadores, es decir, los Estados tanto nacional, provincial como el municipal.

“Hay despidos masivos, al trabajador no le dan explicación de nada, te dicen que ‘se terminó el contrato’, te bajan la categoría o te mandan el telegrama sin avisar. Ante ello, esa persona dice ‘bueno hasta acá llegamos’ y deciden avanzar en la Justicia. También sucede en el ámbito privado”, sostuvo.

Dicho esto, dijo que se debe afrontar un debate para una modificación siempre en el marco de la ley y que los esfuerzos deben “atacar” las demoras en la resolución de las causas en Tribunales.

“Creo que muchas leyes, quizás, son obsoletas, que se quedaron en el tiempo. Es cuestión de sentarse y ver los estatutos, por ejemplo, algunos tienen más de 50 años. En estos tiempos hay muchas cosas que ya no sirven. Obviamente, hay que darlo (al debate) siempre respetando deberes y derechos y obligaciones”, afirmó.

$3 de cada $10 de las empresas son para pagar juicios

El presidente de la Cámara de Industria de Villa Mercedes, Oscar Moyano consideró que la discusión por una posible reforma laboral “debería tenerse en cuenta”, debido a que “los juicios son un motivo importante para que no crezca el trabajo formal”.

“Solo en la asimétrica reflejada en las alícuotas pagadas representa un 26,18% del costo. Aparte, habría que mensurar costos tanto los judiciales como honorarios, tasas, peritos, días perdidos en exceso y reemplazo de puestos de trabajo”, explicó.

Así, subrayó que la situación del incremento se le fue trasladada al Gobierno: “Le compartimos los análisis realizados sobre los costos e inconvenientes que representan para ambas partes tanto para los trabajadores como los empleadores”.

El cierre de comercios y la “industria del juicio”

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Luis, Emanuel López, abordó el escenario que presenta esta suba y subrayó que “desde hace muchos años nos debemos en el país un debate serio, formal y responsable sobre el contexto y las leyes laborales”.

A su vez, tuvo en cuenta posibles razones del aumento. “Hay una caída importante en las ventas y cierres de negocios. Esto va generando despidos lentamente, aunque no masivos. Así, una de las herramientas utilizadas como salidas es el inicio de una demanda”, indicó y agregó que hay que diferenciar juicios por despidos y aquellos ligados a las ARTs.

“Las empresas aseguradoras, en este contexto de Argentina, van a patear los pagos y generar complicaciones. Es otra probable razón”, aseveró.

Dicho esto, López aclaró que, tanto desde la Cámara sanluiseña como de la CAME, “nadie está buscando quitar derechos sino readaptar la legislación a los tiempos que corren”.

“Esto sucede cuando el Estado está ausente”

El tema fue abordado por el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto quien afirmó que se trata de un eje importante para trabajar en la gestión.

Señaló que “la problemática preocupa mucho” y que, además, está dentro de las inquietudes que fueron relevadas y advertidas por parte del sector productivo, particularmente en zonas estratégicas como la capital y el espectro industrial de Villa Mercedes.

“Esto sucede cuando el Estado está ausente. Esto se vio sobre todo en el 2023 en el Gobierno saliente que, junto a una parte de la Justicia, no tuvieron las prioridades que tiene la comunidad, la sociedad. Se rompen los valores esenciales y los recursos más prioritarios que tiene la sociedad, como lo es el desarrollo provincial”, manifestó.

Entre las acciones que buscan impulsar está la focalización de “lo preventivo” con el objetivo de “dar respuesta” a todas aquellas situaciones que puedan significar un conflicto y también a todas que “promuevan el desarrollo, la recuperación y creación de los puestos de trabajo”.

“Entiendo que es muy importante el actuar de los representantes, de los trabajadores, los gremios, con una mirada y una perspectiva priorizando y promoviendo el diálogo, la escucha también, estando cerca de la realidad y con una perspectiva de búsqueda del bien común, del encuentro del acuerdo”, sostuvo.

A ello le sumó el impacto económico para las empresas y la seguridad jurídica para la provincia: “Hay un altísimo nivel de causas que afectan en lo financiero, y tiene como consecuencia que San Luis sea menos competitiva y menos atractiva para los inversores. Y este es un tema fundamental. Si no es más competitiva que los vecinos que tenemos a nuestro alrededor, no es atractiva”.

La mirada de la Justicia

La jueza Laboral Nº2, María Eugenia Bona puntualizó cómo los juzgados se encuentran colapsados y habló de la necesidad de retomar el debate para implementar un nuevo Código Procesal Laboral.

Afirmó que la suba de los casos es una realidad y que el derecho laboral “sufre todo el contexto social, político y económico junto a las diferentes situaciones que se atraviesan”.

Ante este contexto advirtió que se requieren cambios profundos, sobre todo para agilizar los procesos. Según la magistrada, están desbordados.

“Todo esto hace que un juez esté como loco, a veces no tiene tiempo de atender el propio juzgado, a la gente, los problemas que se suscitan todos los días, atender las audiencias, los expedientes, etc”, consideró.

Además de las causas por accidentes, que le demandan la mayor cantidad de tiempo, debe atender procesos iniciados por sindicatos, desafueros y problemas más generales.

Por otro lado, Bona se detuvo en la tarea de los jueces. Dijo que el mandato constitucional es “proteger al trabajador” pero que, a su vez, también “hay que proteger la empresa”.

“Cuando se aflojan los controles aparecen los incrementos en la litigiosidad”

El abogado laboralista y docente de la Universidad Católica de Cuyo, Carlos Bravo dio su visión y esbozó una posible razón del aumento de los procesos judiciales: el incumplimiento de la Ley de Seguridad e Higiene y la carencia de los controles del Estado.

“Muchas empresas tienen por obligación que se presten los servicios o asesoramientos en la materia. Cuando se aflojan los controles y no se respetan las normas, aparecen los incrementos en la litigiosidad por accidentes de trabajo”, sostuvo.

Aportó que de 500 juicios que se inician, cerca de 350 pertenecen a temas de salud.

Otro foco que hizo fue en el debate de una posible reforma laboral. A nivel nacional, el presidente, Javier Milei, convocó a los gobernadores a firmar el “Pacto de Mayo”, un acuerdo de diez puntos que reconstituye las Bases de la Argentina. Entre los ejes temáticos que abarca el convenio, se incluye la discusión.

Bravo señaló que el actual sistema “es bastante favorable a los obreros”: “Hace que la persona que tiene dos empleados y quiere tomar un tercero, antes que lidiar con la Ley Laboral, elige no emplear a nadie, es un trabajo que se pierde”.

“La flexibilidad es vista como mala palabra. Se habla mucho del tema, pero quiere decir hacer leyes menos exigentes. Tal vez habría que tener un poco de eso, de manera de generar mayor empleo”, añadió.

Más allá de ello, advirtió prestar atención a los patrones en el caso de una modificación: “Si con estas leyes tan exigentes algunos se aprovechan de sus empleados, imagínense cómo podrían explotar a trabajadores si se flexibiliza”.